Asistimos a un momento
crítico y decisivo de nuestra historia.
Por Juan Carlos Lemus
“El financiamiento de la política en Guatemala”,
informe elaborado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro
país, ofrece los fundamentos y marcos conceptuales de nuestras percepciones
cotidianas. Es un análisis que traza la forma como el financiamiento ilícito otorgado
a los partidos políticos tiene como consecuencia la miseria que vemos a nuestro
alrededor.
Hay quienes esperaban que la presentación del informe
fuera otra bomba que descarnara nombres de personas y partidos probadamente
relacionados con el narcotráfico; algo que delatara nuevas redes vinculadas a
los presidenciables; esperaban más noticias, más capturas; pero toda investigación
seria es un concierto de novedades que requiere un momento de análisis, una
explicación en blanco y negro para comprender el entramado que se ejecuta en la
práctica.
La presentación del comisionado Velásquez fue
una parte del estudio de 120 páginas –y casi 70 referencias bibliográficas– al
que se puede acceder por la
Web. Ese documento debería ser examinado por todos los
interesados en transformar el sistema, también sería beneficiosa su lectura y
discusión en las salas de redacción de los diarios. Algunos confirmarán lo que ya
sabían y otros ampliarán su panorama perceptivo; en cualquier caso, es un
aporte valioso para el estado de la cuestión
sobre el tema (State of
the Art).
La corrupción se ha extendido tanto en todo el
territorio, que cada municipio tiene sus microsistemas ilícitos que transan
cuotas de poder con los departamentos, estos con el gobierno central que a su
vez interactúa en una dinámica de reciprocidad espantosa, infectada por todo el
país. El negocio es grande y complejo. Los responsables son personas repartidas
en partidos políticos, ONGs, financistas anónimos, recaudadores y medios de
comunicación corruptos. La responsabilidad de estos últimos es un tema evadido
con frecuencia. Hay medios escritos, radiales o de televisión que reciben
dinero en pautas comerciales a cambio de disfrazar la propaganda con noticias, apoyar
con anuncios gratis sin reportarlos, otorgar tarifas diferenciadas y otras
acciones ilegales que favorecen a personajes o partidos muchas veces
relacionados con el narcotráfico. A cambio, obtendrán, además de tales pautas, incidencia
en leyes que los favorezcan o hasta puestos de gobierno incluidas diputaciones.
Tan grave es el problema, que “ningún partido o líder político se atreve a
desafiar al monopolio por temor a ser vetado”. La incidencia del voto es
equiparable a la propaganda, de ahí que los candidatos con más dinero –no los
idóneos– sean los que terminan gobernando.
Asistimos a un momento crítico y decisivo de nuestra
historia. No es tiempo de apelar a la buena fe o a la conciencia de empresarios
y medios de comunicación que estuvieran involucrados en financiamiento ilícito,
es hora de apelar a la investigación, para que quienes resultaren favorecidos
por la corrupción y contribuyen a la consolidación de las redes
político-económicas ilícitas, como las denomina la Cicig, sean enjuiciados al
igual que los demás corruptos.
@juanlemus9
